El grupo de investigación Monitor de Justicia Laboral ha implementado varios experimentos de campo en los últimos dos años en el ámbito de justicia laboral. Sin embargo los experimentos tendrán resultados no sólo útiles para mejorar la justicia laboral, sino cualquier instancia de justicia o institución de gobierno que ofrece un servicio al público.
La metodología general de un experimento de campo es definir una política y aplicarla a un grupo de intervención escogido aleatoriamente. Los resultados de la política se miden comparando el grupo de intervención con el grupo de control.
Los experimentos se han enfocado en dos procesos específicos que debe transitar un juicio: el proceso de notificación y el proceso de dictamen de sentencia.
La notificación personal es un requisito para iniciar cualquier juicio, entre ellos los juicios laborales. Además, durante varios puntos del proceso, se tiene que repetir alguna notificación de carácter personal, incluyendo la notificación de la decisión final en el conflicto. Cada notificación, según la Ley Federal del Trabajo, debe concluirse en cinco días hábiles, pero lo común es que tarde más de dos meses; generalmente causando retrasos en las audiencias y otros pasos procesales. La intervención comprobada durante 2012-2013 fue un monitoreo de los actuarios (notificadores en las instancias de justicia laboral) de una de las juntas locales más importantes del país. Para medir correctamente el comportamiento del grupo de control en el experimento, se sistematizó el rezago de cada uno de los actuarios. Estas dos intervenciones resultaron en una duplicación de las notificaciones exitosas por actuario por día. Conforme a los resultados de este experimento, actualmente el equipo de investigación trabaja con la Junta para instalar una Central de Actuarios, con control completo sobre la carga y flujo de trabajo, y capacidad para implementar diversos esquemas de monitoreo e incentivos.
Las decisiones finales de las instancias laborales (llamadas laudos) son sujetas de amparo al poder judicial. Durante el periodo 2002-2005, alrededor de una tercera parte de los laudos de la Junta fueron sujetos de algún amparo, y cerca del 40% de los amparos fueron concedidos, causando costos altos y rezago en la Junta. El experimento realizado en 2012-2013 se enfocó a la mejoría de la calidad del laudo emitido inicialmente por la Junta. Se desarrolló una metodología parcialmente automatizada para detectar inconsistencias y errores básicos y jurídicamente claros en los dictámenes de laudo, y para el 50% de los dictámenes, escogidos aleatoriamente, se entregó información sobre las inconsistencias al dictaminador relevante, dándole oportunidad de corregir su dictamen. Como resultado de este experimento, actualmente se comprueban dos políticas de manera experimental: resúmenes previos a dictamen para prevenir los errores encontrados en el primer experimento, y un programa automatizado de cuantificación para prevenir errores frecuentes encontrados en la cuantificación de la compensación debida a trabajadores que ganan su juicio.
